La responsabilidad penal de las personas jurídicas y cuestiones relevantes asociadas a un accionar transparente

Por Martín Lepiane y Belén Crotti

“En el marco del proceso iniciado por la Argentina para ingresar como miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (“OCDE”) y en cumplimiento del requisito de una ley que estableciera la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de cohecho de funcionarios públicos extranjeros, exigido para dar cumplimiento a la Convención Contra el Cohecho de Servicios Públicos Extranjeros en Transacciones Económicas Internacionales que pena el soborno transnacional, se sancionó la Ley No. 27.401 (…) que estableció el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Uno de los objetivos buscados por el Poder Ejecutivo con la Ley ´es dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos contra la administración pública por medio de la implementación de programas de integridad, y cooperen con las autoridades, de manera de coadyuvar a una mayor eficacia en la aplicación de la ley penal (…) Para lograr estos objetivos, el sistema legal debe establecer una amenaza de sanción efectiva, un modelo de imputación claro, e incentivar a quienes dirigen y administran a las personas jurídicas a dedicar esfuerzos adecuados para implementar sistemas de prevención orientados a evitar o reducir los riesgos de recibir sanciones, y en caso de que las reciban, mitigar las sanciones aplicadas.´”

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Términos mencionados en esta doctrina: personas, jurídicas, responsabilidad, cumplimiento, públicos, sanciones.